En el discurso cotidiano, los políticos señalan de manera reiterada el término de la "inclusión" sin embargo en la práctica y a la hora de la toma de decisiones, amplios sectores de la sociedad quedan excluidos e ignorados en la instrumentación de programas y políticas públicas que les den bienestar y desarrollo.
Una política incluyente en un México de grandes contrastes, demanda mayor visión en las políticas de estado con el propósito de ir al encuentro de los marginados del desarrollo, detener la brecha entre la opulencia y la indigencia e incorporar al desarrollo y al bienestar a quienes hoy en día encuentran como único camino para matar el hambre y la miseria la industria del crimen, que ha crecido de manera inusitada por encontrar en los sectores más miserables el caldo de cultivo altamente rentable en sus políticas de crecimiento.
Un México incluyente demanda la participación de los diversos sectores sociales, instrumentar programas y políticas de corto, mediano y largo alcance, localizados y dirigidos sobre todo a los que menos tienen, a los olvidados del desarrollo y de la distribución del ingreso nacional, a quienes sufren la discriminación y el abandono, pero que sin embargo han contribuido con su esfuerzo al progreso nacional.
Las comunidades indígenas ancladas en las altas montañas, las sierras y los desiertos e inclusive los cinturones de miseria formados en las grandes urbes, hoy forman mayorías desamparadas que peligrosamente pueden ser utilizadas por los falsos redentores como instrumento de desestabilización social o campos seguros para el reclutamiento del crimen organizado al no tener alternativa alguna que los incorpore al bienestar, al desarrollo y al progreso al que legítimamente tienen derecho porque son mexicanos y que con su esfuerzo también han aportado a la riqueza nacional.
Es indudable que el México incluyente al que ha hecho referencia el Presidente de la República abre los cauces de participación de todos por igual, hombres, mujeres, jóvenes y de la tercera edad, del campo y de la ciudad, obreros, jornaleros, comerciantes, albañiles, etc., un México incluyente demanda tomar en cuenta a quienes algo tienen que aportar.
La resistencia a los cambios también se manifiesta en otros sectores de la sociedad nacional, empresarios, organizaciones sociales y en especial el sindicalismo que por mucho rebasó su influencia negativa en el desarrollo de las relaciones laborales y que sin duda éste flagelo lacera y detiene el desarrollo y el bienestar de los trabajadores y sus familias.
Qué duda cabe de las formas en que las organizaciones sindicales han deteriorado la buena armonía que existía entre el capital y el trabajo, el patrón y el prestador de servicios, el propietario rural y sus trabajadores, sin dejar de mencionar la parálisis que en el sector público han generado los líderes sindicales incrementando la corrupción, el maltrato, el nepotismo y la deficiente calidad y calidez en la prestación de los servicios.
El México incluyente exige una revisión amplia y a conciencia de las políticas públicas, abrirle canales de participación a los diversos sectores sociales, revisar el funcionamiento de las instituciones públicas, para abrir espacios a los que hasta hoy han sido marginados de los programas sociales, de las oportunidades en la educación, de la no prestación de los servicios médicos y hospitalarios, de aquellos que no cuentan con seguridad social y de la falta de protección de núcleos localizados como los adultos mayores, los discapacitados y los niños.
Una política incluyente, desde luego que no solo contempla a los sectores de la población antes expuestos, también requiere de una profunda revisión del marco legal que brinda igualdad de oportunidades a todos, que genere estabilidad jurídica para los inversionistas creadores de los empleos y parte importante en la generación de la riqueza, de los artistas e intelectuales, de los técnicos y de los profesionales y en general de todos los mexicanos que por el solo hecho de serlo reclaman igualdad y oportunidades.
El México incluyente de nuestros tiempos debe de ser aprovechar el potencial humano del que dispone el aprovechamiento de las grandes riquezas del subsuelo para beneficio de sus moradores, un México incluyente moderno, competitivo, democrático y plural es el México que los mexicanos del siglo XXI están reclamando al gobierno nacional.
En síntesis, concluimos con las propuestas siguientes:
1.- El Gobierno Federal si bien debe escuchar las propuestas, las recomendaciones y los señalamientos, también es cierto que en sus programas y acciones debe garantizar la participación abierta de la sociedad sin distinción política para el avance plural y democrático.
2.- La inversión pública debe alejarse del clientelismo político, transparentando los recursos y rendir cuentas oportunas y transparentes.
3.- La inclusión y la participación ciudadana se garantiza cuando se escucha al ciudadano común que reclama mejores servicios, demanda y denuncia a servidores públicos corruptos inoperantes y de mal trato y obtiene respuesta positiva o negativa.
Una política incluyente debe de contemplar la participación de quienes interesados en el bienestar y el desarrollo del país aportan ideas, hacen críticas y fomentan el trabajo sin distingo de empresarios, agricultores, indígenas, ganaderos, comerciantes, transportistas, prestadores de servicios, jornaleros, obreros, albañiles y en general de toda la población a lo ancho y largo de la geografía nacional.
Un México incluyente demanda una revisión exhaustiva de los programas, estrategias y objetivos de las políticas de Estado que el gobierno debe de poner en marcha, en las que deben incluirse las diversas actividades de la vida nacional para garantizar un crecimiento sostenido y sustentable que brinde el mayor número de oportunidades a los distintos estractos sociales.
El México incluyente al que la sociedad moderna aspira, demanda no dejar en el olvido a ningún mexicano en individual por grupos, por regiones o por actividad productiva. La consulta pública, amplia y abierta a la que ha provocado el Presidente Enrique Peña Nieto debe de contemplar todas las participaciones desde las más modestas hasta aquellas técnicamente bien calificadas.
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