La nave va. Mediocracia planfetaria.

Por Raúl Moreno Wonchee

Narcoperiodismo… la combinación suena fuerte por su ambivalencia. Periodistas en lucha contra narcos, periodistas al servicio de narcos o las dos cosas al mismo tiempo, lo que parece contradictorio pero es inevitable. Porque las praderas del crimen organizado no son territorios donde pueda florecer la libertad y menos el pensamiento crítico. Tierras baldías propicias, eso sí, para la especulación y el chantaje. Y para la impostura escandalosa a título de la defensa de la libertad de expresión. La semana pasada, algunos de quienes la detentan como privilegio propietario, publicaron un libelo en el que reivindican como propia “la tarea de investigar y difundir las actividades de la narcodelincuencia en México”. Y ante “la ofensiva asesina… que la manifestación de las ideas no sea objeto de ninguna inquisición es un principio irrenunciable de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico”. La pésima factura del texto de marras tiene, sin embargo, la virtud de transparentar las turbias intenciones de sus patrocinadores que por lo visto inspiraron pero no suscribieron el panfleto: sembrar la insidia de que en nuestro país el Estado amenaza el periodismo y ataca el derecho a la información. Bastaría señalar que en México no hay periodistas perseguidos o que hayan sido víctimas de la censura o privados de su libertad y menos aún de su vida por motivos ideológicos o por haber criticado y aún insultado al gobierno. La libertad de expresión es un derecho político de los ciudadanos frente al Estado, que lo garantiza. Pero ¿puede el Estado dar garantías a los periodistas que negocian, acuerdan y fatalmente disputan con los narcos?