Por Raúl Moreno Wonchee
El arribo de Enrique Ochoa a la presidencia del PRI levantó una polvareda de cuestionamientos diversos con el denominador común de no entender la naturaleza del hecho ni su circunstancia. Los estatutos del tricolor, que no son de ocasión sino que vienen de lejos, han sido rigurosamente certificados por los del fundamentalismo democrático del santo oficio electoral. Norman una democracia que no es ayuna de adjetivos sino funcional para garantizar que el partido, como organización jerarquizada cumpla sus funciones de representación política, de integración de los órganos del poder público y de dar el principal sustento democrático al Estado. Es un episodio de cambio generacional que afecta especialmente la sensibilidad del priismo añejo, y también un ejercicio renovado de la legítima autoridad política del presidente Peña Nieto que, lejos del autoritarismo, ha conducido con estricto apego a la legalidad partidista y por consiguiente en democracia, una decisión crucial para el partido y el país. Ochoa fue propuesto, no impuesto. Y lo fue con base en su filiación política, sus antecedentes priistas y su relevante participación en las reformas, en particular en la energética. En estos años ha podido demostrar su compromiso y capacidad dirigiendo la Comisión Federal de Electricidad armonizando las exigencias de la reforma en el sector eléctrico con los intereses de los trabajadores y resolviendo con pulcritud la inevitable conflictividad entre la empresa y la sociedad. La encomienda es compleja pero en la institucionalidad del partido –los sectores y las organizaciones--, en la experiencia de sus cuadros y en el empuje de sus jóvenes, tiene recursos para afrontarla; deberá, eso sí, saberlos aprovechar.
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