Por Raúl Moreno Wonchee
En los albores de su vida independiente, México se enfrentó a un dilema: Imperio o República. El primero, heredado de los Tratados de Córdoba y de la dominación española; el segundo, fruto de la insurgencia y del liberalismo temprano. El Congreso Constituyente fue el primer escenario de la disputa. En mayo de 1822 un motín encabezado por Pío Marcha proclamó a Iturbide emperador y el Congreso, en una sesión ilegal que no alcanzó quórum, lo entronizó. Su naturaleza lo llevó a culminar la anexión al Imperio Mexicano de Centroamérica en contra de la voluntad de sus pueblos. Por única vez en la historia de nuestro país, soldados mexicanos cruzaron la frontera con intenciones opresivas. La resistencia popular detuvo la ofensiva militar. Y mientras el gobierno imperial disolvía al Constituyente y encarcelaba a los diputados republicanos, en el Ejército cundía el desafío al Imperio: el general Felipe de la Garza, gobernador de Nuevo Santander, hoy Tamaulipas, reclama a Iturbide el atentado contra la soberanía y demanda la reinstalación del Congreso Constituyente, lo que encuentra eco en los jefes militares y en las diputaciones provinciales. El 4 de marzo de 1823 se reinstala el Congreso y el 19 Iturbide le participa su decisión de abdicar y expatriarse. El 31, el diputado Carlos María de Bustamante expone su histórica proposición sobre la autodeterminación de los pueblos. Frente a la sujeción de Centroamérica promovida por Iturbide, el Congreso sentó las bases de la República y por consiguiente las de la independencia y la soberanía de esos pueblos. En su origen, el derecho a la autodeterminación está indisolublemente vinculado a la no intervención. Cimientos de la Patria.
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