Los
mexicanos vivimos los peores momentos de credibilidad en las instituciones, la
clase política sin duda es la responsable de llevarnos a terrenos no deseados, y
que pueden terminar en escenarios de
violencia generalizada en la que ni los poderosos y sus familias quedaran a
salvo, y lo más lamentable es que los escándalos por desvíos de fondos públicos, impunidad,
falta de trasparencia, pérdida del Estado de Derecho y los probables vínculos
de gobernantes, dirigentes políticos y de organizaciones sindicales, no es
patrimonio de una sola fuerza política. Esta descomposición se extiende a todos
los signos ideológicos, de ello dan testimonio los fallidos gobiernos del P.R.I
en Veracruz, Chihuahua, y Quintana Roo, los del P.A.N en Sonora y
Aguascalientes, los del P.R.D. en la Ciudad de México, Michoacán y Oaxaca, los
de Morena en Tláhuac, Texcoco etc.
Con
los anteriores ejemplos podemos entender que el principal problema que enfrentamos
los mexicanos es a quien creerle, y para los partidos y sus candidatos es como
construir una oferta política sustentable, cuando todos están envueltos en la corrupción,
la impunidad y demás descalificaciones, escenario que los ciudadanos de a pie percibimos,
que el pleito entre los partidos responde más a la inconformidad por el reparto
del negocio de la cosa pública, que por mejorar las condiciones de vida de la
sociedad.
Las
coaliciones y frentes opositores responden al interés de unos por quitar a
quienes están en el poder, antes que ver por los intereses de las mayorías,
esencia sin duda de la buena política por hoy ausente en la mente de los
políticos de cualquier signo ideológico. De la partidocracia, difícilmente
podrá venir un cambio sustancial que beneficie al pueblo, ello no porque les
falte visión, sino por la carga de compromisos que representa, y que en esencia
son los verdaderos frenos para el combate a la corrupción, la negociación de la
ley antes que aplicar el Estado de Derecho, la impunidad y la vinculación con
los grupos delincuenciales y la no rendición de cuentas, ¿o acaso un candidato
del P.R,I. del P.R.D, MORENA, P.T Y MOVIMIENTO CIUDADANO, se pronunciaran por
una reforma que termine con los miles de comisionados en los sindicatos, cuando
éstos partidos los tienen como aliados para actividades políticas, desvío de
recursos, marchas, bloqueos etc, fortaleciendo siempre a liderazgos
antidemocráticos enriquecidos del erario público?, la respuesta por supuesto es
que no, cuando el candidato sea de buena fe, con sentido social y comprometido
con el progreso, los intereses que representa se lo impiden. En consecuencia,
nos encontramos en la necesidad de construir candidaturas de distintos orígenes,
no sometidas a los poderes de facto, por el contrario que construyan políticas públicas
de gran beneficio para los más pobres, de administrar los recursos del pueblo
con eficacia ,trasparencia, honradez y rendición de cuentas, que la ley se
cumpla sin distingo, que todo servidor público este obligado a la rendición de
cuentas, sea de base o de confianza, ya que en la actualidad los sindicatos no
permiten que los empleados de base respondan ante los órganos fiscalizadores,
cuando en la práctica es el personal operativo el que aterriza los programas.
Los
privilegios del poder, los partidos los conocen muy bien, por ello también se
protegen de forma excelente, luego entonces, la sociedad requiere de candidatos
independientes a los que se les pueda exigir el cambio de rumbo.
En
escenarios como estos, ¿cuál puede ser la oferta política en la que la sociedad
crea?, si las encuestas de opinión arrojan datos de la irritación que señalan
como demandas sentidas LA INSEGURIDAD, LA CORRUCION, LA IMPUNIDAD Y LA NO
RENDICION DE CUENTAS Y EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA, LA GENERACIÓN DE EMPLEOS,
ETC. El candidato que quiera ganarse la confianza, deberá precisar como
resolver cada uno de estos problemas.
El combate a la corrupción
requiere un fiscal independiente, seleccionado entre los más prestigiados
colegios, sin vínculos partidistas y que no intervengan en su designación ni el
Presidente ni el Congreso, para evitar las cuotas partidistas que todo servidor
público, por el solo hecho de serlo, esté obligado a declarar sus ingresos,
eliminar los comisionados sindicales, aplicación de las auditorías permanentes
en el manejo de los recursos públicos, especialmente en áreas sensibles.
Inseguridad,
la población ya se cansó de discursos y paliativos, lo que realmente quiere son
resultados, ello no sería difícil, si se aplican sanciones ejemplares a los
altos mandos de las corporaciones policiacas coludidas con el crimen, a los
titulares de los gobiernos estatales municipales, líderes políticos que los hechos muestran que están metidos en
el negocio de no combatir la inseguridad, la economía difícilmente crecerá, la
violencia aumentará y el desempleo y el hambre acercará a los jóvenes a
engrosar las filas del crimen.
La impunidad
se combate aplicando la ley, alejarse de los acuerdos al margen de la ley,
porque ello desemboca en la pérdida del estado de derecho, implica que el
legislativo reforme la ley para imponer penas severas a quienes, estando
obligados a cumplir con el mandato legal, quebrantan la misma.
Rendición,
instrumentar políticas públicas de revisión permanente, del actuar de los
servidores públicos en todos sus niveles y sancionar severamente a quien, abuse
de los recursos del pueblo.
Crecimiento económico y
generación de empleos, si terminamos con la corrupción,
reducimos tramites y tiempo para la apertura de las fuentes de trabajo, generando
confianza al inversionista nacional y extranjero, seguro que los capitales
vendrán al país.
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