¿Hasta cuándo el restablecimiento del Estado de Derecho?

Uno de los fines del Estado que dieron su origen, sin duda responde a la obligación que tiene éste de garantizar el orden social, inclusive con el uso de la fuerza pública, cuando el diálogo y la tolerancia se agotan y algún grupo o grupos del tejido social se oponen al cumplimiento de la norma jurídica, que obliga a todos por igual a respetar el derecho de todos.

Lo que hoy vivimos en México nos duele a todos, crímenes como los de Iguala, son repugnables, inaceptables y condenables, nadie en su sano juicio, puede estar de acuerdo en hechos como  los suscitados el 26 de septiembre, sin embargo, tampoco puede aceptarse la lesión y violación al derecho de terceros, los ciudadanos con y sin Partido, estamos hartos de que la violencia gane terreno  a la paz y a la tranquilidad social, secuestro de camiones, quema de instalaciones públicas, bloqueos de carreteras, calles y aeropuertos, incendios de vehículos, robos y saqueos a la propiedad privada y tantas otras cosas que en los últimos 60 días hemos vivido, no pueden seguirse repitiendo, si así sucede, seguramente en las próximas semanas o meses estaremos entrando de lleno a una confrontación social generalizada y la desaparición del Estado, institución obligada a cumplir con sus obligaciones.

Miles de voces se preguntan, porque el Estado Nacional no ha actuado castigando a los autores intelectuales y materiales de la violencia, por qué no se investiga y se detiene a los muchos servidores públicos tanto del poder judicial, como del ejecutivo y legislativo que tienen vínculos con el crimen organizado y de todos los Partidos políticos, igual que en los niveles municipales y estatales de gobierno, en Michoacán ya se detuvieron y procesaron a algunos servidores públicos vinculados con el crimen, pero seguramente hay muchos otros que siguen siendo criminales con fuero y que gozan del privilegio de tener información para ayudar a los grupos criminales de los que reciben recursos económicos y protección, la pregunta es ¿por qué el Estado no acelera la investigación y en su caso las detenciones de todo aquél servidor público, sin distingo de Partido para acelerar el restablecimiento del Estado de derecho?.

En Guerrero, el caso de Iguala no es el único, las mismas fuentes del gobierno, han infiltrado en los medios de comunicación, en muchos otros casos de cabildos y legisladores relacionados con la delincuencia, ¿por qué entonces no se procede contra ellos? Igual en Morelos, el Estado donde más secuestros se registran, si el Gobierno quiere recuperar la credibilidad que ha perdido, es indispensable que ofrezca resultados concretos que la gente sienta y perciba, porque el tema más importante de la vida nacional, qué duda cabe, es la inseguridad pública que vivimos, la corrupción generalizada que propicia la descomposición social, provoca irritación y abona el campo para los interesados en la desestabilización del actual gobierno, aquellos que a todo se oponen y que en su proyecto está seguramente la caída del gobierno legítimamente surgido de las urnas el pasado mes de julio del 2012.

Quienes fueron derrotados en las urnas no se resignan a la derrota, a cualquier precio buscan ganar el poder, sin importar los medios que se tengan que utilizar, aunque entre éstos medios esté la de cobrar vidas de inocentes, como lo hemos visto en las diversas marchas, y los desaparecidos en Iguala.

La estrategia de estos grupos es el descrédito a las instituciones y al titular del ejecutivo, porque en su proyecto, visión y estrategia está la llegada al poder y no permitir cualquier  otro proyecto de gobierno que no sea que ellos imaginan si es que lo tienen.

Claro está, el gobierno federal también tiene gran responsabilidad por no estar abierto a escuchar la crítica y la propuesta respecto a los avances de la obra de gobierno en sus diferentes áreas y programas, desde la llamada política social en la que los pobres resultados no corresponden al discurso oficial de que a la pobreza se le va ganando terreno, la política social sigue siendo una política asistencialista, misma que no puede dar resultados porque al que tiene hambre no basta llevarles despensa o comida en un comedor público si éstas acciones no se acompañan de políticas públicas que tengan como propósito fomentar el desarrollo sustentable en las comunidades más pobres, llevándoles fuentes de trabajo, o como bien dice el adagio chino “no darles el pescado, si no enseñarles a pescarlos”, en la política social, las fallas están potencialmente representadas en la corrupción con que son operados los programas, los servidores públicos privilegian a los “líderes que más bien son vividores de éstos programas” quienes son gestores oficiales para el reparto del dinero público a través de estos programas, en las que los dirigentes de las llamadas organizaciones, son los que se llevan la tajada más grande del pastel, ésta realidad evita que los recursos lleguen al 100% a los más pobres, por lo que éstos se mantienen en la pobreza y en el hambre,  y el problema se agranda más porque éstos supuestos líderes de organizaciones sociales además de cobrar por sus servicios, controlan las voluntades de los más pobres con fines partidistas y electorales.

En consecuencia, los líderes de organizaciones sociales se convierten en verdaderos empresarios que ganan más con esas actividades que si fundaran una empresa o fueran servidores públicos asalariados.

Lo que pasa en los programas sociales de inoperancia y de falta de resultados, se repite en otras áreas importantísimas del gobierno, como los servicios hospitalarios y de salud, donde la escases de medicamentos y de material de curación es enorme, la inasistencia de médicos, enfermeras y personal paramédico es lamentable a tal grado que las y los mexicanos que asisten a instituciones como el ISSSTE, IMSS o SSA, por no contar con los medios económicos para ir a las instalaciones privadas, muchos de ellos mueren y sus deudos se quedan con un gran resentimiento por la ineficacia de las políticas públicas en materia de salud. En todas las áreas de gobierno, lamentablemente los ciudadanos no ven el cambio ofertado en las campañas del 2012, por lo tanto los mexicanos y las mexicanas bien nacidos, que rechazamos la violencia como sistema de vida y la corrupción como norma, no le apostamos a la caída del gobierno ni a la desestabilización del país, sugerimos que el gobierno de la república evalúe a través de resultados y realice los ajustes que sean necesarios, para que con resultados el gobierno se prestigie y recupere la confianza de las mayorías, que seguramente sabrán reconocer cuando los resultados beneficien a las amplias masas populares.

En síntesis, la sociedad no quiere más violencia, demanda del gobierno resultados y condena a los grupos y personas interesadas en la desestabilización, ya no debe permitir el gobierno que bajo el pretexto de los desaparecidos en Iguala la violencia avance, el crimen organizado siga avanzando en las estructuras de gobierno y debilitando a las instituciones públicas, finalmente amplios sectores sociales nos preguntamos ¿por qué los grupos que participan en las marchas, son pretexto de los desaparecidos en Iguala, condenan y responsabilizan al gobierno federal y en particular al titular del ejecutivo y no al crimen organizado que son los verdaderos responsables de los hechos? ¿No será que hay una vinculación entre los críticos del gobierno y el propio crimen?