El Gran Reto del Estado Mexicano

Es de la opinión pública generalizada, especialistas, académicos, medios de comunicación, legisladores, juristas, líderes en general de opinión, quienes han señalado infinidad de ocasiones que el principal problema que deriva en la mayoría de los males del país, responde a la enorme corrupción que genera a su vez impunidad en las conductas ilícitas y que al no ser sancionadas por los órganos encargados de la administración de Justicia por el Estado, la sentencia tiende a multiplicarse y generalizarse como práctica cotidiana, que algunos sectores peligrosamente ya califican como una cultura de nuestra sociedad nacional.

El combate a la corrupción debe ser frontal, si queremos terminar con ella para recuperar el Estado de Derecho, en México ha llegado a tal grado este lacerante problema, que se ha extendido a todos los sectores sociales, a las organizaciones sindicales, a los Partidos Políticos, a los Legisladores, a la Academia, al periodismo, a toda la vida social y en especial a los órganos de gobierno de la administración de justicia, sobre todo en la política partidista, en los sindicatos y en las organizaciones sociales, donde nadie se salva del signo o tendencia ideológica que sea, lo que es peor en estos sectores, porque unos con otros se atacan, simulan presentar leyes y programas para combatir la corrupción y ellos mismos están metidos en las mismas; ello convierte al problema en un peligro mayúsculo para continuar deteriorándose la vida en común y romper el orden social, las encuestas recientemente publicadas por algunos diarios nacionales son alarmantes, estos acompañados con algunas mediciones de organismos internacionales refieren a nuestro país como uno de los más corruptos del mundo, de ahí la infiltración del crimen organizado, seguramente no sólo en los niveles municipales de gobierno, sino inclusive en niveles más altos de las administraciones gubernamentales, policiacas, ministerios públicos, jueces y magistrados, porque esa es la ruta que explica la no sanción a los culpables de la criminalidad como el secuestro, los asesinatos, el tráfico de drogas, de armas, la trata de blancas y tantos otros delitos que se comenten.

El debate en el Congreso Federal, en los Partidos Políticos, en las organizaciones sociales y en el empresariado, a veces pareciera un debate de sordos para culpar al adversario o para distraer la atención pública, pero con muy pocos frutos por una falta de propuestas reales, objetivas que verdaderamente reduzcan al mínimo el mal que se combate, y es que en el fondo unos y otros se protegen, unos y otros luchan por mantener o conquistar el poder político y económico, ello implica que el problema continúe, que registre un crecimiento y no un decrecimiento, y como salidas alternas se han propuesto y creado una serie de comisiones autónomas e independientes de ciudadanos, que en realidad no son más que una carga burocrática para el pueblo, y verdaderas cuotas de  poder de entre las principales fuerzas políticas encargadas de designar a sus titulares y a su estructura burocrática. Ejemplos hay muchos, la CNDH que ha estado más del lado de la protección de los derechos del maleante que proteger a las víctimas; la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el IFAL, y hasta el propio Instituto Nacional Electoral que se conforma con el reparto de las cuotas partidistas, de continuar así México nunca resolverá este jinete del apocalipsis, que es el problema de la corrupción y la impunidad.

Frente a todo lo negativo que pudiera ser, creo que si hay una enorme ventana y oportunidad para corregir y combatir el problema, ello requiere de una gran voluntad política, de un gran compromiso con el país y con su pueblo, y la enorme oportunidad de pasar a la historia como el mejor gobierno de todos los tiempos y esa oportunidad como debe ser corresponde al líder social, quien se convierte en el principal guía y orientación de la conducta social, por ello considero respetuosamente, que más que culpar a algunos sectores como de todos los males, pedirle al ejecutivo federal que se convierta en el gran convocante pero además en poner el ejemplo en toda su estructura de gobierno, desde el nivel más alto hasta el más elemental, como son los empleados de ventanilla, para combatir frontalmente la corrupción en lo que se refiere a los actos de gobierno del ejecutivo federal.

Instrumentar un seguimiento puntual de los bienes de cada servidor público de mando, obligando a éstos a hacer declaraciones patrimoniales públicas de sus bienes, de su salario, y de sus ingresos adicionales en caso de que éstos fueran compatibles con su responsabilidad; transformar los órganos internos de control, reformar la práctica de quienes ahí prestan sus servicios, porque éstos en lugar de prevenir y denunciar aquél servidor público que llega a servirse y enriquecerse del puesto, lo protegen, lo orientan seguramente a cambio de dádivas y para justificar ante la opinión pública están aplicando sanciones, publican informes de cientos de miles de sancionados, pero que si revisamos en realidad cada uno de los casos, un 99% corresponde a conductas administrativas sin importancia, muchas veces inventadas o sembradas por los auditores, y que luego en procesos jurídicos, seguidos ante las instancias correspondientes el 90% si no es que más los pierde la función pública, el Estado tiene que pagar salarios caídos, restituir al servidor público en su puesto, lo que se convierte en un daño patrimonial más para la sociedad; los que deberían de ser sancionados con ejemplares castigos son los titulares de los órganos internos de control, de la función pública, y hasta los propios jurídicos de cada dependencia, donde hay miles de sentencias firmes ejecutoriadas en espera de cumplimiento y que mediante prácticas de éstos funcionarios las prolongan en tiempo, lo que al final se convierte en un detrimento del patrimonio público ya que son recursos sociales.

En síntesis, si el ejecutivo federal quiere pasar a la historia como el gran reformador, antes que reformas constitucionales o legales hay que reforma al poder público, aplicando sanciones a aquellos servidores públicos, infractores de las normas ya establecidas, transparentar los ingresos de los servidores públicos, llevarles registros a éstos, y seguirlos como en los tiempos de la República Juarista, la modesta medianía del ingreso por sus salarios, por ello la sociedad no de oponerse a que el funcionario público gane bien, pero sí exigirle que  sirva bien y con transparencia. Otro aspecto fundamental que el gobierno debe revisar, para recuperar su imagen de un gobierno honesto y trasparente es el evitar que se negocie el cumplimiento de la ley, como ya es práctica común y que ha sido vista por todos los vándalos detenidos, que causan destrozos en las manifestaciones, sobre todo con las organizaciones como los maestros de la CNTE, con el desvío del contenido de los programas sociales que se dan a la población a través de liderazgos estos liderazgos mafiosos, que desvían recursos, que los enriquecen, y que los verdaderos destinatarios, poco o nada les llega; dejar el discurso de que hemos llegado a miles y miles de beneficiarios, revisar los padrones y que sea el gobierno directamente el que distribuya los beneficios sociales a quien los necesita como se hace en las mejores políticas sociales del mundo, y así estaremos seguros de que se está beneficiando al que menos tiene, porque es falso que los recursos destinados a la producción del campo lleguen íntegros a los productores, sobre todo a los más necesitados, como los campesinos, el ejidatario, el pequeño propietario y de tantos otros programas en otras dependencias que llevan beneficios sociales a algunos sectores de la población, y esto no quiere decir que los titulares de estas dependencias estén involucrados en la corrupción y en los desvíos de los recursos, pero lo que sí es real es que a veces parece que no se ha hecho nada por corregir esas prácticas y enderezar el rumbo. Igual sucede en el abuso de las organizaciones sindicales, donde las prácticas democráticas por cierto, para elegir a sus dirigentes son nulas, es la ley del más fuerte la que convierte en vitalicios los liderazgos, especialmente en los sindicatos burocráticos donde el pueblo de México pierde miles de millones de pesos a través de los comisionados sindicales que cobran pero no trabajan y que éstos recursos bien podrían resolver la falta de medicamentos, de equipos y laboratorios en hospitales, o de mobiliario y equipo en las escuelas, o de incrementar los salarios a los propios trabajadores; el reto no es fácil, lo entendemos, pero con voluntad  sí se puede, el gobierno recuperaría la credibilidad de la población y con gran posibilidad de ganar en los próximos procesos electorales, porque el gasto de los partidos políticos y los recursos que se les dan a los legisladores para que se conviertan en moches también hay que revisarlos.

Muchos mexicanos creemos que el actual ejecutivo federal tiene la voluntad, los recursos y la decisión para emprender una gran cruzada por el combate a la corrupción, en lo que se refiere a su responsabilidad, que lo conduzcan a la solución de los grandes problemas nacionales para recuperar la confianza y el orden público.