Por encima de intereses personales, partidistas y de grupo, está el interés de la sociedad.

Hoy más que nunca el Estado de Derecho está amenazado por el vandalismo, el crimen organizado y la casi nula credibilidad de la población en la actuación de los gobernantes en los tres niveles de gobierno.

Son más de 60 días de la gota que derramó el vaso que evidenció ante la opinión pública nacional e internacional, lo que millones de mexicanos ya sabían y padecían de los efectos devastadores de una sociedad sin gobierno, con muchos marcos legales que pudiesen aplicarse  sólo con voluntad, compromiso y decisión, sin embargo, lo mismo en el poder ejecutivo federal los órganos encargados de la administración de justicia y de procuración de la misma, poco o casi nada hacen por aplicar la ley, sancionar a los culpables y proteger a los verdaderos derechos de los ciudadanos que trabajan, estudian o desarrollan cualquier actividad lícita.

El vandalismo encuentra el campo fértil que genera caos, abona a la desconfianza ciudadana y cancela la fe del ciudadano en sus gobernantes, es hora de pasar del discurso a la actuación, si el gobierno no quiere que se continúen dando los suficientes elementos para lo que algunos grupos radicales desean, un estallido social que a nadie conviene. Es hora de dejar los arreglos partidarios para repartirse el poder y que aparezca el verdadero compromiso de gobierno responsable, que no es igual que represivos pero si encargados de aplicar la norma a quienes la violentan, hoy pareciera que lo único que importa a los grupos parlamentarios es no lastimarse entre sí, de echarse culpa unos contra otros, de responsabilizar al adversario de lo malo y de evitar que el gobierno ejerza su responsabilidad, hoy el gobierno responde ante los lamentables hechos de Iguala con más reformas enviadas al Congreso, los líderes parlamentarios argumentan no dar cheques en blanco y de darle un giro a las iniciativas enviadas al Presidente, seguramente estas iniciativas serán aprobadas al antojo de los intereses de las fracciones parlamentarias sobre todo aquellas que usan el doble lenguaje y la doble moral, porque por un lado declaran estar en favor del Estado de Derecho y de la aplicación de la ley y por otro lado actúan protegiendo los intereses y derechos del maleante o agresor, sin importarles los derechos de los agredidos que se suman por omisiones en el país.

Es la hora de la actuación, no de la simulación, al margen de lo que resulte de la aprobación del paquete de reformas enviadas por el Presidente, los cientos de miles de mexicanos afectados ya no aguantan más, o se restablece el Estado de Derecho o cada vez serán más los que abandonen las actividades lícitas para sumarse a las ilícitas, no es posible que un grupo de vándalos afecten a más de 200 mil estudiantes, como el caso del Instituto Politécnico Nacional, y que el Gobierno siga en un plan sumiso y concediendo todo lo que las minorías que secuestraron al IPN continúen anteponiendo cualquier pretexto para reanudar las actividades docentes en la institución que le cuesta al pueblo de México miles de millones de pesos.

Es hora que los gobiernos federal y estatal verdaderamente respondan a la exigencia social, y de ser posible que se diga abiertamente a la sociedad cuáles son los intereses que impulsan el conflicto, las grandes mayorías ya no nos dejamos engañar, sabemos que los grupos de interés presionan con gran fuerza para ganar en las urnas aprovechando el enojo de los ciudadanos en contra de las instituciones y de sus titulares, así han avanzado  los grupos criminales escudados en los Partidos políticos, en algunas organizaciones sindicales y gremiales, que detrás de ellas está el motorcito de quienes desean inclusive derrocar al gobierno nacional para apoderarse por completo del poder público, ¿qué espera entonces el gobierno federal para actuar?, para dar a conocer aquellos gobiernos municipales y estatales así como gobernadores y dirigentes partidistas coludidos con el crimen organizado, sea por la voluntad propia o sometidos por la fuerza, sólo por mencionar un caso, el dirigente del Congreso de los diputados locales en Guerrero, los ciudadanos lo están denunciando junto con sus familiares de dirigir un grupo de criminales, ¿no es hora entonces de actuar y aplicar la ley? cuando éste sujeto es el titular de poder legislativo en un Estado y que seguramente sus orientaciones estarán siempre enfocados a proteger a los criminales y no al ciudadano honesto, trabajador y responsable.

Al Presidente de la República le toca mandar un mensaje que genere confianza al ciudadano nacional, para ello requiere revisar la actuación de sus funcionarios en las distintas áreas que impactan a la sociedad como las instituciones encargadas de restablecer el orden público,  PGR, Gobernación, INSEN y todo lo que involucre el gabinete de seguridad, pero también  quienes son responsables de la política social que justo es reconocer, su inversión crece año con año pero los resultados siguen siendo muy lamentables aunque en el discurso se diga lo contrario, ésta sigue siendo una política asistencialista, con fines corporativos, electorales y de presión que los supuestos líderes sociales se encargan de corromper la buena fe y las buenas intenciones contenidas en los programas gubernamentales, aquí el gobierno lo que debe hacer antes que reformas legales es aplicar la ley, combatir la corrupción y vigilar y evaluar y sancionar con penas ejemplares a los corruptos que se ponen de acuerdo con las organizaciones sociales para que los programas no tengan  la efectividad deseada.

El poder judicial demanda una revisión profunda con ejemplares sanciones a jueces, magistrados y ministerios públicos  de otra forma será imposible castigar a los culpables y proteger a las víctimas y a la sociedad en su conjunto; en materia de salud deja mucho que desear la prestación de los servicios públicos con instituciones como el ISSSTE, IMSS y SSA, funcionarios apáticos sin responsabilidad y sólo navegando en el confort donde los líderes sindicales realmente son los que tienen en sus manos la prestación de los servicios de salud, donde la corrupción es galopante.

En todas las áreas del gobierno se requiere revisar la actuación de los servidores públicos, evaluar resultados de programas, estimular aquellos que merezcan ser reconocidos pero también sancionar y aplicar todo el peso de la ley a los que por acción u omisión dejan de cumplir con sus responsabilidades.

En síntesis, lo que verdaderamente la sociedad exige y con urgencia, son cambios en los gobiernos tanto el federal como los estatales para que la sociedad vuelva a creer en sus instituciones en sus leyes y en sus gobernantes donde por encima de intereses personales, partidistas y de grupo este el interés de la sociedad, un gobierno que se prestigia en sus resultados y en su actuación es un gobierno que gana en las urnas y que no requiere de mapacherías o grandes inversiones para convencer y vencer, hoy el gobierno que quiera ganar las elecciones en el 2015 tiene que prestigiar con su actuación y sus resultados.