Por Raúl Moreno Wonchee
El capitalismo salvaje globalizado, por así llamarlo, demanda de manera creciente metales preciosos e industriales. La prisa y la voracidad han llevado a las empresas mineras a cambiar sus prácticas extractivas por “el cielo abierto”: un terreno que contiene determinadas proporciones de minerales es dinamitado. El subsuelo sale violentamente a la superficie llevándose por delante a lo que hay en ésta: tierras de cultivo, terrenos de pastoreo, bosques, asentamientos humanos, todo. Y también lo que está debajito: restos arqueológicos. Las rocas son trituradas y tratadas con sustancias tóxicas como el cianuro y grandes cantidades de agua. Queda un infierno: un cráter conteniendo nada, piedras y tierra contaminadas, agua echada a perder, enfermedades desconocidas, riquezas arqueológicas destruidas; comunidades vulneradas porque nadie les informa y menos les pregunta, y si resisten, les prometen el cielo: que habrá trabajo y progreso, instalaciones sanitarias, escuelas remozadas. El desengaño no tarda: trabajo para unos pocos y los demás en la ruina, aparecen nuevas enfermedades y las comunidades se dividen. El subsuelo, propiedad de la nación, se concesiona. Y como la minería, según la ley vigente es de utilidad pública, tiene preferencia sobre cualquier uso del terreno. ¿Hay remedio? Cambiar la ley, y mientras tanto que estas (y todas) las concesiones sean sujetos obligados de la llamada ley de transparencia: que se sepan los términos de las concesiones, las obligaciones de los concesionarios así como el monto de sus inversiones y de sus ganancias. Y desde luego, a cuánto ascienden sus impuestos y si los pagan oportunamente. Que abran su cielo.
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