Por Raúl Moreno Wonchee
En la dirección nacional del PRD quieren saber cómo fue posible que postularan a Abarca, para lo cual nombraron una comisión del más alto nivel encabezada por Pablo Gómez. A los comisionados les pareció que lo más indicado era preguntarle eso al señor Abarca y se reunieron con él en la cárcel donde está hospedado por los hechos criminales de la noche del 26 de septiembre del año pasado. Hace unos días, en Almoloya tuvo lugar una insólita reunión perredista. El ex alcalde de Iguala fue prolijo ante los comisionados perredistas mientras se ha negado a declarar ante el ministerio público. En efecto, cuando el país estaba sumido en el pasmo por el ominoso crimen, el Departamento de Estado –de EU, naturalmente— en dos ocasiones expresó su insolente exigencia de “debido proceso” a los detenidos, lo que equivalió a una patente de protección para Abarca y sus patrocinadores. Ahora sí, la legalidad procesal ha sido violentada por una reunión política que introduce elementos ajenos a la acción de la justicia. La comisión perredista no fue a indagar la postulación de Abarca sino a convenir con él una declaración a modo en un intento de exculpar al presunto y a sus patrocinadores e incriminar a autoridades federales. Después de la reunión, Pablo Gómez dijo saber más del caso que la PGR. Abarca dio una pista cuando dijo que él no había dado la orden (¿de qué?); él conoce el destino de los 43. Pablo, que no es el abogado defensor, podría resultar cómplice del más abominable crimen político cometido en México en lo que va del siglo. Por cierto, la Secretaría de Gobernación debe explicar por qué autorizó una reunión política en un penal de alta seguridad.
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