A un Estado democrático, corresponde la aplicación de la ley y el derecho por los órganos de gobierno legalmente constituidos, y mandatarios de la voluntad popular que eligen mediante su voto la propuesta de gobierno que se compromete a actuar en el ejercicio de sus funciones, sin más límites que el marco jurídico que establece las márgenes de actuación, cuidando siempre el respeto a los derechos fundamentales o naturales del hombre, sin que esto signifique negociación de la ley como en los últimos tiempos de todos los gobiernos partidistas y de diferentes niveles, que han privilegiado en un mal entendido esquema de tolerancia y de negociación, se confunde diálogo con el cumplimiento de la ley, tolerancia con debilidad y temor del gobernante por las reacciones violentas de la gente que pudieran presentarse, si este esquema continúa, por más esfuerzos que se hagan, la realidad es que nunca se podrá combatir la impunidad, el vandalismo que la corrupción y la negociación de la ley generan.
En las últimas horas, el Partido Acción Nacional que se ha apropiado el derecho por sistema de ser el Partido de la legalidad, de la moralidad y del bien común, ha hecho una propuesta que nos parece interesante y seguramente con alto respaldo social, si en realidad la propuesta no encierra, oportunismo electoral como se hace presente casi en todas las ofertas de los partidos, porque al respecto nos preguntamos los mexicanos ¿por qué el Partido que se dice ser respetuoso de la ley, del Estado de Derecho, y de la ética política, no combatió de fondo la corrupción en el sector público durante doce años de gobierno?, y tampoco la combate con ejemplo a seguir en los espacios donde es gobierno estatal o municipal, o con sus legisladores, ¿por qué habremos de creerle a su dirigencia nacional y a sus legisladores?
Es cierto, que los mexicanos necesitamos tener confianza en nosotros mismos, en las instituciones que nos hemos creado, pero necesitamos mensajes claros y con resultados inmediatos que no requieren más que voluntad, un alto sentido de responsabilidad y una profunda autocrítica del gobierno en todos sus niveles que estén dispuestos a cumplir y hacer cumplir la ley, como protestan el día que toman posesión de sus cargos. El gobierno se convierte en el ejemplo y liderazgo a seguir por la sociedad, si éste incumple, el gobernado deja de cumplir sus obligaciones y desde luego sus conductas llegan al margen de la ley, porque no hay autoridad dispuesta a hacer cumplir el marco jurídico.
Combatir la corrupción de fondo no requiere de más burocracia, con cargo al erario público, la sociedad y especialmente los gobiernos saben como combatir éste cáncer social, la fórmula, está en que cada uno de los gobernantes, desde el Presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, los ministros de la corte, los jueces, los magistrados, los ministerios públicos, y los propios legisladores que generan la ley, en primer lugar se rijan estrictamente por lo que el marco jurídico les determina como obligaciones y como derechos, y que ésta misma exigencia se la apliquen a sus colaboradores y cuando éstos incumplen deben ser sometidos al imperio de la ley, esto es, el Presidente de la República debe exigir la rendición de cuentas de los recursos que manejan sus colaboradores y sea el primero en sancionarlos, cuando éste se apartan del estricto cumplimiento de sus obligaciones, en el despacho de los asuntos que por su responsabilidad les han encomendado, por las desviaciones en la resolución de estos, por la opacidad de los mismos, por la dilación o por el cobro de recursos o condicionar las respuestas a cambio de dádivas. No nos engañemos, las estructuras del poder están bien determinadas por la ley, y las cadenas de mando, también están bien señaladas, el acto de gobierno se inicia en el caso del ejecutivo federal, los ejecutivos estatales y los ejecutivos municipales, por subtitular, pero se materializa con los operadores del mismo, ejemplo: en materia de salud, el Presidente es el responsable de ordenar que de acuerdo a los recursos disponibles, se brinde la consulta médica, general y de especialidades, estudios de gabinete y de laboratorios, hospitalización, operación y rehabilitación, pero son los médicos, enfermeras, laboratoristas, técnicos, y demás personal que interviene en todo el proceso, en consecuencia es obligación del titular del ejecutivo, no sólo instruir a los titulares de las dependencias públicas en materia de salud para que lleven a cabo éstos actos administrativos y de gobierno, sino además, evaluar a éstos periódicamente para que la instrucción en cada cadena de mando se vaya cumpliendo, esto es el Presidente instruye a sus titulares, y estos a su vez deben vigilar y evaluar a los subordinados en cadena, hasta llegar a la culminación del acto operativo.
Este mismo ejemplo opera en materia de educación, todos sabemos que si hay ausentismo en las aulas, incumplimiento y corrupción en el proceso de enseñanza aprendizaje y mala calidad se debe fundamentalmente a que el titular de Educación en los tres órdenes de gobierno, no cumplen con su obligación de vigilar que se cumpla con la realización del acto de gobierno enfocado a la educación.
En esta cadena de mandos, se pierde la eficacia del acto de gobierno por varias razones, entre las más comunes se encuentra la designación de los titulares que más, por su preparación y vocación de servicio, responden al amiguismo, familiaridad, compromisos políticos, y recaudadores de recursos al margen de la ley, es decir, a ponerle precio a los servicios que se prestan, desvío de recursos, reporte de obras no realizadas o con mala calidad, entre muchas cosas que se presentan a diario.
Combatir la corrupción en las áreas administrativas, requiere de una atención integral, debe redefinirse la actuación de los liderazgos sindicales, de organizaciones sociales y gremiales que al paso de los años se han convertido en el monopolio de la corrupción, que son éstos liderazgos los que en componenda con las autoridades, a todo le ponen precio para el mediano cumplimiento en la prestación de los servicios públicos, especialmente en el caso de los sindicatos, donde los líderes se han eternizado en los cargos, con la complacencia de los propios gobiernos, se han enriquecido con los recursos públicos y de los propios trabajadores a los que dicen representar, es increíble que en las condiciones generales de trabajo de muchos sindicatos, sobre todo los del sector público, se establezcan compromisos y derechos que sólo corresponden al patrón o su representante de acuerdo al marco legal, y que sean los líderes sindicales quienes asuman este control y responsabilidad, como el nombramiento y la designación de plazas, la justificación del ausentismo laboral, designación de trabajadores del mes y recompensas por desempeño, entre muchas otras gracias más que se dan.
Este mismo problema, se presenta en el control y distribución de los programas sociales, donde algunos partidos políticos, a través de sus organizaciones, bloquean avenidas, queman oficinas y transporte, en una gran coordinación con las autoridades responsables de los mismos, para que a través de esta presión y chantaje se distribuyan los recursos de los distintos programas sociales, que en un alto porcentaje van a parar estos recursos a los líderes de organizaciones con su consabido moche a las autoridades del gobierno que las otorga.
Este mismo problema lo encontramos en ministerios públicos para la integración de la averiguación previa y la investigación de los delitos, en jueces y magistrados de cualquier materia de la procuración y administración de justicia, pero de igual forma en los propios legisladores que son por mandato constitucional los responsables de elaborar, de modificar o de derogar las leyes.
Todo lo anterior explica el gran cáncer social que vivimos, al que desde luego se suman medios de comunicación y el propio sector privado que por un lado es víctima de la corrupción gubernamental pero que también contribuye a esta descomposición del estado de derecho, por ello, frente al problema, somos muchos mexicanos que estamos convencidos que la corrupción es el gran cáncer social que debemos erradicar en el país para poder avanzar en una democracia real y participativa, en la consolidación de un Estado de derecho, en el respeto a los derechos humanos y sobre todo en alcanzar mejores niveles de desarrollo y de bienestar general para la población, el gobierno tiene la palabra, es el gran líder que la sociedad eligió para conducir el destino de 120 millones de mexicanos, el oportunismo partidista no es válido, los resultados nos dicen que corruptos hay en toda las organizaciones políticas, por ello, la solución está en que el gobierno marque la ruta para combatir éste lacerante problema de la corrupción, que involucre a todos los actores, si se va a crear una comisión nacional anticorrupción que esta verdaderamente vaya al combate de fondo, que los integrantes de la comisión no se conviertan en cuotas y reparto partidista, y que desaparezcan los órganos internos y la propia contraloría, porque si no, en lugar de avanzar podremos retrocede,r ya que actualmente existe la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control en todas las dependencias, y la auditoría superior se la Cámara de Diputados, entre muchos órganos que no han servido más que para sancionar a los enemigos políticos, cobrar facturas políticas, inhabilitar a miles de servidores públicos por actos administrativos insignificantes, y dejar en la impunidad a los grandes corruptos que desvían los recursos públicos que se enriquecen de sus puestos al condicionar la prestación del servicio mediante un pago y hasta por la venta de terrenos que son propiedad de la nación a grandes inmobiliarias, desarrolladores turísticos y de negocios.
En conclusión, muchos creemos que no hace falta crear más organismos públicos para combatir la corrupción, lo que hace falta y conviene exigir a los gobernantes es que cumplan con su responsabilidad, y en caso contrario, aplicar las sanciones ejemplares a los verdaderos culpables de la corrupción, hagamos vigente el principio de Juárez, donde el servidor público se ajuste a la modesta renta que proviene de su salario y con ello se evitarán las oleadas de nuevos millonarios en cada sexenio.
