Es indudable que el tejido social en los últimos años se ha deteriorado, múltiples son los factores que le dieron origen, especialmente la falta de liderazgo en el pasado reciente de un Gobierno Federal que se ocupara del fortalecimiento de un Estado de Derecho capaz de coordinar con estricto apego a la ley, las políticas públicas en las tres órdenes de gobierno para dar certidumbre a la convivencia pacífica y armoniosa de la sociedad.
El liderazgo del Gobierno de la República respetando las atribuciones que por ley les corresponde a Estados y municipios es fundamental, para restablecer un Estado Nacional fuerte, democrático y plural en el que el interés de la sociedad este por encima de poderes fácticos y de prácticas de impunidad, corrupción y la instrumentación de programas sociales para beneficio de unos cuantos y en deterioro de los muchos.
Si bien es cierto que los gobiernos de distintos signos políticos han invertido cuantiosos recursos públicos en la instrumentación de programas sociales, oportuno es reconocer que muchos de ellos rayan en el asistencialismo, en el clientelismo y el fortalecimiento de individuos y organizaciones, apartándose del verdadero sentido de ataque a la pobreza, hecho que desalienta la participación organizada de la sociedad civil y genera incredibilidad en el Gobierno.
La anterior afirmación tiene sustento en los comentarios que a diario hacen quienes viven en las comunidades rurales, en las ciudades intermedias, y en las grandes metrópolis, la gente señala que si bien es cierto que hay muchos programas de asistencia social que van desde la construcción de vivienda, el crédito para fertilizantes agroquímicos, regularización de predios, becas escolares, atención a las mujeres solteras, la tercera edad y hasta la compra de ganado y abejas o criaderos de venado, entre muchos otros programas encaminados a combatir la pobreza pero que en la práctica, todos ellos hasta la fecha atienden más al clientelismo político, al fortalecimiento de los cacicazgos, liderazgos y organizaciones que viven de éstos programas con cargo al herario público y que desacreditan la obra de gobierno por la desviación de los programas.
Corregir el rumbo de la política social sin duda es el reto más importante del nuevo gobierno junto con el de seguridad pública, para ello se requiere generar los mecanismos de evaluación, de coordinación y de corrupción de los desvíos que en la practica se presentan en todas las regiones del país.
Prudente sería que la inversión pública en municipios y estados del ejecutivo federal a través de los programas establecidos y de nuevos programas que podrían generarse, baje que a través de los delegados federales de las distintas dependencias del ejecutivo, que se cree una coordinación de los delegados en cada estado para que ésta periódicamente evalúe el avance de los programas, la percepción de éstos y corrija las desviaciones de manera oportuna.
La población percibe al delegado federal responsable de la instrumentación de los programas como la voz, los ojos y la voluntad del Presidente de la República y si el delegado federal que se da en la mayoría de los casos lejos de cuidar y supervisar la efectividad de los programas se dedica a su promoción personal, o a beneficiarse de los mismos programas el resultado necesariamente será desfavorable, por ello es recomendable una selección cuidadosa, especial de hombres y mujeres para éstos importantes cargos que son la entrada para combatir la pobreza, generar empleos productivos, recuperar la confianza del gobernado y que se sienta el cambio de gobierno para beneficio de la población y no de los funcionarios o líderes políticos de cada región.
Derivada de la reflexión anterior consideramos prudente y oportuno hoy que inicia un nuevo gobierno que ha despertado grandes expectativas sociales convertir en realidad ese eje de gobierno que el Presidente Peña Nieto planteó en su Campaña y ha reiterado hoy como primer mandatario del País “La Alianza” del Gobierno de la República con la población civil que no se limite al reconocimiento de viejos y nuevos liderazgos que han vivido y viven de los beneficios “de esos programas” que si bien en su origen son de un alto contenido social y fueron creados para resolver problemas de carencia, al paso del tiempo han desviado sus fines hasta caracterizarse por el modus vivendi de unos cuantos que manejan a los muchos, ejemplo de ello, las organizaciones sociales que maneja el PRD en la Ciudad de México y porque no decirlo el PRI y el PAN en algunas otras regiones del país donde la pobreza crece la violencia se multiplica la desintegración familiar va en aumento y la falta de educación se afianza.
La prevención del delito sin duda tiene que ver con el combate a la pobreza, reducir los márgenes entre la opulencia y la indigencia, generar fuentes de trabajo en las regiones mismas donde la gente vive, llevar educación suficiente y de calidad a la población en todos los rincones del país, ampliar la red de carreteras, caminos y brechas que permitan el desplazamiento con agilidad y seguridad de la población y la comercialización de sus productos mejorando al mismo tiempo los precios de los productores en las diferentes zonas y regiones del territorio nacional.
La Subsecretaría de Prevención del delito y Participación Ciudadana dispone de un gran capital si hace de la participación del ciudadano el eje rector de sus programas, la delincuencia se origina en el seno familiar, la familia por lo general envía sus hijos menores a las escuelas y si convertimos a la familia y a la escuela como los pilares de la prevención, el reto entonces tiene que ver con la capacidad que el gobierno tenga para organizar a la familia, y a los padres de familia en torno a la comunidad en la que viven para que sean los padres a través de los cuales se pueda combatir la violencia intrafamiliar, el bullying en las escuelas y de ahí al barrio, al ejido, a la colonia, a la unidad habitacional e inclusive en los centros de trabajo.
En ese orden de ideas es que sugerimos respetuosamente que en esta responsabilidad de la prevención del delito la subsecretaría encargada tome en cuenta a la escuela pública y privada especialmente en sus niveles básicos para aprovechar el liderazgo de los maestros, motivarlos, comprometerlos y hacerlos partícipes para que extiendan su interés en la organización del padre de familia que nos llevará por su conducto al núcleo familiar.
La tarea no es fácil se requiere de una estructura de gobierno con servidores públicos profesionales comprometidos y responsables que se adelanten a identificar los conflictos, a entrar en comunicación con la sociedad y a tramitar soluciones que generen confianza a los demandantes e involucrar a estos para que desarrollen una actividad mas participativa en la prevención de las conductas antisociales organizándose desde la escuela, el taller la fábrica, el ejido y con ello evitar la proliferación del delito.
Cuando nos referimos a estructura de gobierno no necesariamente tendría que crearse con mas presupuesto, el gobierno federal cuenta con miles de delegados federales de las diferentes instituciones y éstos bien coordinados capacitados y comprometidos deben ser los operadores políticos del gobierno para solucionar los problemas ya existentes y anticiparse a la generación de nuevos conflictos en esta materia, la Subsecretaría debe tener mano para identificar primero qué delegados no están cumpliendo con sus tareas y reorientar las acciones de gobierno en la dependencia de que se trate y en la región del país donde se están generando.
Ahora bien, si se requiere de personal especializado y capacitado para la operación de los programas en concreto que deben ser aplicados en las escuelas en los centros recreativos, en los talleres, fábricas y ejidos, en lo que se refiere al combate a la violencia, a la prevención del delito.
En la gran cruzada por el combate a la violencia y la prevención del delito, la participación ciudadana no solo es limitativa a los centros escolares, conviene aprovechar previo análisis de las estructuras de las organizaciones diversas que ya existen según los registros oficiales (comuneros, ejidatarios, transportistas, sindicatos, pequeños productores, organizaciones estudiantiles, de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, madres solteras, jubilados, pensionados, residentes en el extranjero y tantas otras que en la vida pública hoy se manifiestan).
Un programa integral necesariamente tendrá que enfoca sus objetivos a las organizaciones para que éstas de manera solidaria colaboren con las instituciones públicas gubernamentales en su tarea de Gobierno que necesariamente nos llevaría a alcanzar los resultados planteados en el programa que no son otros que reducir sustantivamente la violencia y con ello la prevención del delito y en suma éste binomio recuperar la armonía y la paz en el tejido social hoy amenazado por la violencia y que en algunos casos el orden social se ha roto debido a la actividad de la delincuencia y el crimen organizado.
En síntesis ésta novedosa estrategia del Gobierno Federal por combatir el crimen y la violencia vía la prevención, requiere como protagonista principal de la participación del ciudadano al que hay que organizar y dónde ya está organizado, motivarlo y comprometerlo para ser parte de ésta cruzada son duda la más importante para generar bienestar y desarrollo social.