Enrique Peña Nieto se ha caracterizado en su trayectoria política, por ser un hombre de compromiso, congruente, cumplidor en lo que ofrece, así quedó certificado en la Campaña Presidencial del 2012 en cada una de las áreas que su Gobierno atendería para mover a México, una de ellas quizá la más importante para amplios sectores de la población, sin duda es la política social dirigida a la población de menos recursos económicos, pero que según la estadística dada a conocer por el INEGI, se convierte en la más numerosa del Censo Nacional, ya que más de 50 millones de mexicanos de alguna forma se encuentran etiquetados en algún nivel de pobreza o de escasees de recursos económicos que les permita acceder a mejores estadios de desarrollo y beneficios de la renta nacional.
Los programas sociales de combate a la pobreza, que a través de dependencias como SEDESOL, SAGARPA, SEDATU, Economía y el Trabajo y Previsión Social, entre otras, representan la mayor inversión de recursos públicos en la historia reciente del país, que tienen como propósito reducir la brecha entre la miseria y la opulencia, su objetivo y estrategias de éstos, de los programas sociales elaborados en los escritorios de la alta burocracia, son de lo mejor y dignos de aplaudirse, el problema estriba en la operación de los mismos, al igual que otras administraciones del pasado, a 18 meses de distancia del inicio del nuevo gobierno, los resultados no se ven y menos se sienten, los amplios núcleos de población en pobreza y en pobreza extrema lejos de reducirse según estos mismos resultados del INEGI siguen creciendo, inclusive organismos internacionales recientemente así lo han expresado.
Siendo los presupuestos más altos de recursos públicos destinados al combate de éste fenómeno, que se está convirtiendo en flagelo de la población mexicana, y distintamente del partido que gobierne la explicación a la falta de resultados sensibles puede tener diversas matices pero los más destacables tienen que ver con la corrupción y el burocratismo que por años se han enquistados en la operación los programas diversos para el combate a la pobreza; el clientelismo político exacerbado, que cada día crece más y la falta de compromiso social, ético y político de los funcionarios públicos, responsables de instrumentar, evaluar, supervisar y rendir cuentas de los resultados de la política social.
Si hacemos una reseña histórica de cada uno de los programas sociales, nos podremos dar cuenta que los operadores de éstos son los mismos por lo menos en los últimos 15 o 20 años y al mismo tiempo, los líderes de las organizaciones sociales, a través de las cuáles bajan los recursos también siguen siendo los mismos, se reciclan y se reciclan entre sí, lo que les permite conocerse y llegar ha acuerdos para obtener grandes ganancias de carácter económico y político, hay organizaciones sociales que se han convertido en verdaderas empresas sólo por mencionar algunos ejemplos: la UNTA, las de la Izquierda Democrática que encabeza René Bejarano, Antorcha Campesina, y muchas otras cuyos líderes son vividores y los principales distribuidores de los recursos públicos destinados al combate a la pobreza.
Para romper este perverso binomio, y que los recursos verdaderamente lleguen gratuitos al universo de población a la que están destinados los programas sociales, se requiere con urgencia no cambiarle el nombre a los programas, sino más bien cambiar las estrategias, los operadores y muchos de los servidores públicos, mandos medios y superiores en lugar de cumplir con sus obligaciones están más dedicados a las promociones políticas personales y en algunos casos al desvío y apropiación de recursos públicos, antes que supervisar, evaluar, corregir desviaciones e incumplimientos en los procesos de entrega los recursos a los beneficiarios.
El clientelismo político es creciente quizá no sea tan reprobable que exista y se de por los gestores sociales, el problema ha sido el abuso especialmente de aquellas organizaciones que más que tener compromisos ideológicos con un partido, tienen como prioridad el beneficio personal, el desvío de recursos en coordinación con los operadores de los programas del lado gubernamental.
En lo que se refiere a la falta de compromiso y de ética política de los servidores públicos, no se requiere de mucha investigación, especialmente, los delegados estatales de las diferentes dependencias federales, son los principales responsables de la falta de resultados tangibles de la política social y son éstos servidores públicos los verdaderos operadores de los programas, desde la recepción de solicitudes, quejas y denuncias, hasta la entrega de los apoyos de manera individual a los beneficiarios de los programas.
Si los delegados federales supervisaran, evaluaran, sancionaran y aplicaran correctivos en tiempo, los resultados de la política social serían otros.
En síntesis, es importante amigas y amigos, que en la Confederación de Ex-Legisladores encontremos mecanismos para que, nuestras denuncias se conviertan en instrumentos eficaces que lleguen hasta las más altas esferas del Gobierno Federal, para que se revise la instrumentación de la política social, la inversión de recursos, los resultados que la población espera del Gobierno y en particular del Presidente Enrique Peña Nieto.
Los llamados gestores sociales, los malos servidores públicos y la falta de evaluación periódica de los altos mandos de la burocracia, son los causantes del desvío de los recursos para lo que fueron destinados, de la mala imagen que el ciudadano percibe de las políticas presidenciales, finalmente esta reflexión que hago ante todos ustedes, tiene un propósito, lograr la eficacia de la política social que es extraordinaria, mejorar la imagen del ciudadano respecto a la imagen del Presidente Enrique Peña Nieto, y como militante del PRI, deseo la recuperación de la confianza ciudadana para ganar las elecciones intermedias del 2015.
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