Por Raúl Moreno Wonchee
Las más recientes revelaciones sobre Ayotzinapa ofrecen al doliente público nacional una de las puntas de la diabólica madeja. Habrá de proseguir la fatigosa tarea de desenredarla hasta donde lo permitan tanto la técnica y la ciencia como las condiciones políticas donde las relaciones de fuerza pugnan por decir u ocultar la última, o quizá la primera palabra. Porque nadie, o casi, se ha atrevido a aventurar el motivo del crimen. La punta hoy conocida y revelada es que la verdad histórica fue llanamente la verdad sobre un episodio decisivo del entramado criminal: el intento de no dejar huella de los 43 no para ocultar el crimen sino para exhibir al nuestro como un país doblegado condenado a autodenigrarse; para dejar un rejón clavado en el corazón de la Patria y que la rebeldía juvenil no sea más un mensaje de lucha sino de muerte. Y truncar la perspectiva reformadora del Estado que da sustento al desarrollo y vigencia a la soberanía popular. Cuando el pasmo cundía por el país, sin derecho alguno pero con intención aviesa, el Departamento de Estado exigió que se esclarecieran los hechos. Y se desataron los ladridos de los perros del rancho: ¡Crimen de Estado! sin aclarar de cual: ¿del injerencista en busca de asegurar el abasto suficiente y oportuno de droga a su voraz mercado y a la vez lanzar contra México una brutal embestida desestabilizadora? Nuestras instituciones han defendido la integridad nacional y la soberanía frente a la violencia y la intriga, driblado la avalancha de provocaciones y fortalecido el Estado de derecho. El GIEI no es de expertos ni es independiente. Es un apéndice de la CIDH, a su vez instrumento del Departamento de Estado.
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