Por Raúl Moreno Wonchee
Fugaces fueron los fastos del Centenario de la Constitución. Como que había prisa por que pasaran los obligados homenajes y reconocimientos a la histórica Carta de Querétaro que surgida de la lucha armada revolucionaria, nos ha dado cien años de vida institucional. O más exactamente, que hace cien años abrió el camino a un incesante e incansable esfuerzo de la sociedad mexicana para crear las instituciones que han hecho posible el ejercicio de la soberanía, la convivencia pacífica, la estabilidad y el progreso, y mantienen vigentes las aspiraciones nacionales a la justicia social y al desarrollo democrático. Sin embargo, ni los epígonos de la Constitución ni sus críticos han dado las debidas respuestas a las nuevas realidades constitucionales, introducidas por un revisionismo tan implacable como mostrenco, y que sin duda están modificando, no siempre para bien sino todo lo contrario, la vida de las instituciones y el carácter de la Carta Magna. Hay, entonces, un amplio campo para una reflexión que se antoja necesaria y urgente. Porque lo que se puede estar gestando no es tanto una crisis como un proceso disolvente ajeno y aún contrario a las reformas llamadas estructurales. En efecto, postulados supuestamente modernizadores han sufrido adherencias ideológicas que los han convertido en dogmas transversales que tuercen y debilitan la estructura de la Constitución. Los derechos humanos y la transparencia, en vez de dar respuestas puntuales a necesidades sociales significativas, se han convertido en artefactos doctrinarios que prejuzgan al Estado y obstaculizan el ejercicio de la soberanía. El desgaste ya comenzó, la discusión todavía no.
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