Por Raúl Moreno Wonchee
Las elecciones recién pasadas muestran, si fuera necesario, que la democracia está arraigada en México. No sé cuánto ni desde cuándo pero sí que las tres revoluciones que apuntalan la historia mexicana tuvieron un claro carácter democrático definido en sendas constituciones. No ha habido dictadura revolucionaria, y ninguna fuerza representativa la ha propuesto ni intentado imponer. Contra lo que dicen los intelectuales (¡vaya frase!), el pueblo mexicano es un pueblo demócrata. La aparente apatía popular frente a la política contrasta con la impecable organización de los procesos electorales. Un inmenso ejército ciudadano se moviliza puntualmente, sin un peso de por medio, para dar vida a un sistema de elecciones competidas. Por otro lado, el financiamiento público a los partidos blinda las elecciones contra el dinero sucio y el que desde el poder económico o el gobierno pudiera falsificarlas. La lucha contra estas intervenciones cuenta con instituciones eficaces que desde luego deben sujetarse a un mejoramiento permanente. Pero también, las recientes elecciones han puesto en evidencia las carencias políticas e ideológicas que debilitan nuestra democracia y de las que son responsables los partidos. Unos más que otros, ya se sabe, pero todos acuden a la oferta corta y suplantan la propaganda por la publicidad. Las denuncias axiomáticas sustituyen a la crítica, y el petardismo de los tuiters y la vacuidad de los espots privan de oxígeno al discurso y al concepto; han abandonado la educación política del pueblo y el estudio y el análisis de los problemas nacionales e internacionales no están en sus agendas. Urge, entonces, redefinir y codificar las obligaciones y derechos de los partidos en materia de difusión política.
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