Por Raúl Moreno Wonchee
Es decir: no se sabe lo que realmente pasó. Hay que saberlo, dijo el presidente Peña Nieto. Y por lo pronto, archivar “la verdad histórica”. Esperemos que la Procuradora ya no la busque sino sólo encuentre la verdad jurídica, lo que sería bastante. Porque la verdad política, vecina de la histórica, va a ser muy difícil, cuando no imposible de demostrar. Porque, insisto, se trató de un crimen político cuyos autores deben ser muy poderosos y han ocultado sus motivos con la sombra de su inmenso poder, pero sus consecuencias han sido, son y serán políticas. Nomás hay que acordarnos del momento: el Presidente había alcanzado la culminación de su tarea reformadora enmedio de una gran aceptación nacional y de una admiración internacional, por no decir mundial. El día en que dirigió su “mensaje a la nación con motivo de su segundo Informe” abrió plaza con una cuadrilla significativa: el entonces diputado Silvano Aureoles a su derecha y el senador Miguel Barbosa a su izquierda (o al revés). Pero la gran prensa de EU se la tenía guardada: mientras el presidente Peña estaba en la ONU en una misión eminente de paz, dio el bocinazo con la novedad de Tlatlaya que había dejado reposar en las barricas de la insidia tres largos meses. Y luego, Iguala. Esa vez el Departamento de Estado no tardó tanto en entonar el impertinente reclamo que desató la virulenta e incesante campaña en la que destaca su empleado José Miguel Vivanco, que fue asesor del gobierno de Pinochet en derechos humanos. Crimen político, entonces, perpetrado o aprovechado por los sectores injerencistas que habitan los albañales de las agencias federales de EU, asociadas a los cárteles de la droga.
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