Carranza y el constitucionalismo social

Raúl Moreno Wonchee

La historia de México es la historia de la construcción del Estado. Desde hace casi dos siglos, cuando maduró la idea de nación que dio lugar a la lucha por la independencia, los mexicanos buscamos en el Derecho el sustento de la autodeterminación y de la soberanía. Y al menos desde 1812 nuestro pensamiento constitucional buscó condensar el acuerdo fundamental de constituir a la nación en Estado, en leyes e instituciones para amalgamar territorios, culturas, etnias y clases en una identidad basada en valores, aspiraciones e intereses comunes. El Estado ha sido, entonces, el instrumento supremo para definir el perfil de la nación mediante un voluntarismo histórico que suple el fuego lento en que se forjaron las viejas naciones de Europa, por ejemplo. Ese voluntarismo histórico se tradujo, apenas iniciado el siglo XX, en un torrente revolucionario que mediante huelgas, insurrecciones, luchas cívicas, y el supremo recurso de la lucha armada revolucionaria del pueblo supo sobreponerse a la dictadura, a la represión, al golpismo, a las intervenciones extranjeras y a las guerras civiles, para elaborar la Constitución que desde el 5 de febrero de 1917 da fundamento jurídico al Estado y articula la vida de México.

En el proceso revolucionario que va de la lucha constitucionalista contra el usurpador Victoriano Huerta a la proclamación de la Carta Magna y la elección del primer gobierno del nuevo orden constitucional, se alza, magnífica, la figura señera de Venustiano Carranza, quien supo asumir la voluntad suprema del pueblo para reconstituir la legalidad, ejercer la autodeterminación, reafirmar la soberanía y dotar a la nación de un Estado social.

Político forjado en las postrimerías del porfiriato, representante político de una burguesía progresista y nacionalista cuyo ascenso dependía de la modernización democrática de un régimen que había sido lastrado paulatinamente por los intereses privilegiados clasistas y extranjeros que se anudaron al poder hasta impedirle toda movilidad y capacidad de autorreforma, Carranza se adhirió al maderismo, vasto movimiento democrático que integró en un frente unido al amplio campo de la oposición: a los liberales, a los magonistas, a los agraristas, a los anarquistas, a los socialistas, a la burguesía modernizadora, a la clase media, a los intelectuales, a los demócratas variopintos. La reivindicación del sufragio y la no reelección del Presidente fueron demandas que condensaron las aspiraciones democráticas de las mayorías y agruparon a todas las fuerzas antidictatoriales. El derrocamiento de la dictadura y la democracia electoral significaron el triunfo de la revolución política.

Pero esa democracia nació atenazada por una contradicción que se agudizaba día a día: de un lado las estructuras supervivientes del viejo régimen –desde el clero, el ejército, los jueces y la prensa, hasta los banqueros, los latifundistas y los capitalistas extranjeros--, y del otro las fuerzas insurgentes preñadas de las demandas y aspiraciones sociales de un pueblo en armas que empezaba a alcanzar posiciones de poder. El gobierno pronto se vio atrapado en una circunstancia en la que lo viejo no acababa de morir y lo nuevo no acababa de nacer. Semejante crisis fue resuelta por iniciativa de la reacción: en febrero de 1913 la embajada de Estados Unidos puso en marcha una típica intriga injerencista sirviéndose de la ambición y la deslealtad de la jefatura del ejército federal. Victoriano Huerta traicionó,

apresó y asesinó al Presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, y mediante una burda maniobra usurpó la Presidencia.

Al día siguiente del golpe, mientras en Palacio Nacional el embajador Henry Lane Wilson dirigía un discurso al cuerpo diplomático ahí reunido para festejar el ascenso al poder de Huerta, Venustiano Carranza, gobernador constitucional de Coahuila se reunía en Saltillo con el Congreso estatal que expidió dos decretos: uno desconociendo a Huerta y otro otorgando facultades extraordinarias al gobernador para que pudiera contribuir eficazmente a restablecer la legalidad constitucional en el país. Imposibilitado para resistir al ejército federal, Carranza salió de la capital del estado acompañado de un grupo de ciudadanos armados que se fue nutriendo de contingentes militares y de civiles que rechazaban a Huerta y reivindicaban no sólo la vigencia de la ley sino transformaciones sociales que dieran cauce a los anhelos de justicia y libertad. Aquella breve y brava tropa revolucionaria fue el embrión del Ejército Constitucionalista. En sus primeras acciones contra las bien equipadas y disciplinadas fuerzas federales, sufrió duras derrotas, especialmente cuando bajo el mando directo de Carranza atacó Saltillo.

Unas semanas después, la columna integrada por no más de 700 revolucionarios llegó a la Hacienda de Guadalupe donde el 26 de marzo el gobernador constitucional de Coahuila puso a consideración de los jefes y oficiales leales a la Constitución, un Plan en el que se desconocía a Victoriano Huerta, a los poderes Legislativo y Judicial de la Federación y a los gobiernos estatales que reconocieran a los poderes federales. Asimismo, el nombramiento de primer jefe del Ejército Constitucionalista recató sobre el gobernador Venustiano Carranza quien se encargaría interinamente del Poder

Ejecutivo Federal cuando el Ejército ocupara la ciudad de México y convocaría a elecciones generales.

Aquella asamblea de ciudadanos en armas presidida por Jacinto B. Treviño, Lucio Blanco y Francisco J. Múgica sometió a discusión la propuesta de Carranza. Con vehemencia, los deliberantes propusieron que al Plan le fueran agregadas las reivindicaciones sociales que mejoraran las condiciones de vida de un pueblo oprimido víctima de una explotación extrema. Escribió al respecto Francisco J. Múgica: “Deseábamos hablarle al pueblo no sólo de la razón legal de la guerra sino de la oportunidad, de la necesidad de vindicar las usurpaciones desde la tierra hasta la del poder, desde la económica hasta la política. Ya sereno, el caudillo de la legalidad contestó así a nuestro entusiasmo: ‘¿Quieren ustedes que la guerra dure dos años o cinco años? La guerra será más breve mientras menos resistencias haya que vencer. Los terratenientes, el clero y los industriales son más fuertes y vigorosos que el gobierno usurpador; hay que acabar primero con éste y atacar los problemas que con justicia entusiasman a todos ustedes pero a cuya juventud no le es permitido escogitar los medios de eliminar las fuerzas que se opondrían tenazmente al triunfo de la causa.’ (en) La asamblea prevaleció la opinión del jefe y con (...) la promesa de formular el programa social al triunfo de la lucha, se suscribió el documento...”

El episodio revela no sólo la sagacidad táctica de Carranza sino el sentido estratégico de quien en ese momento inició, quizá sin saberlo, la construcción de un nuevo Estado. En efecto, el constitucionalismo, y específicamente el Ejército Constitucionalista fue el embrión del Estado que se constituiría en la Carta Magna de Querétaro. Mientras tanto, en la medida

en que se desarrollaba la lucha armada contra la usurpación se iban definiendo los principios y los valores que darían sustento al nuevo régimen entonces en ciernes. El apego a la ley, en primer lugar, y en consecuencia a las determinaciones soberanas emanadas de la legalidad. El marco constitucional legitimaba la lucha armada y en todo caso habría de ser el pueblo el que en ejercicio de su soberanía determinara, también por la vía legal, si habría lugar para un nuevo orden.

En la medida en que se fortalecía la causa constitucionalista por la incorporación a las filas de los ejércitos revolucionarios de grandes contingentes populares donde anidaban anhelos de justicia e igualdad, se fue acentuando el carácter social de la lucha. En la capital de la República los trabajadores, convocados por la Casa del Obrero a conmemorar el 1o de Mayo, enarbolaron la bandera de la emancipación social y expresaron su repudio a la dictadura huertista. Zapata, que se había adelantado proclamando dos años antes el Plan de Ayala, procedía a reformarlo para darle el filo político que lo adecuara a la lucha contra la usurpación. En las filas del constitucionalismo crecía irrefrenable la tendencia a involucrar en la Revolución las causas populares, y el fermento de la lucha social amenazaba con desbordarse y rebasar a sus mandos políticos y militares. El primer reparto agrario realizado a finales de agosto por el general Lucio Blanco en la Hacienda de Los Borregos en Matamoros, Tamaulipas, era una muestra palpable de que el caudal popular revolucionario se había vuelto incontenible.

Pero a la Revolución había que conducirla. Sus propósitos ya trascendían el derrocamiento del usurpador y cada día era más evidente que la restauración de la legalidad previa al golpe de Huerta sería no sólo insuficiente

sino imposible. Fue entonces cuando Carranza, sin desprenderse de su papel de jefe revolucionario, o mejor dicho asumiéndolo hasta sus últimas consecuencias, se perfiló como un estadista excepcional que empezó a delinear un programa revolucionario para construir una nueva sociedad. En el discurso que pronunció en Hermosillo, Sonora, el 24 de septiembre de 1913, después de reafirmar el alto sentido político y moral de la lucha revolucionaria y de reconocer en el pueblo a su protagonista, defiende el carácter amplio del Plan de Guadalupe y al hacer público el compromiso adquirido con sus jefes y oficiales cuando firmaron el Plan, responde positivamente a las fuerzas que propugnaban el ensanchamiento del horizonte revolucionario: “sepa el pueblo de México que, terminada la lucha armada a que convoca el Plan de Guadalupe tendrá que principiar formidable y majestuosa la lucha social, la lucha de clases, queramos o no queramos nosotros mismos y opónganse las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas sociales tendrán que imponerse en nuestras masas: y no es sólo repartir las tierras y las riquezas nacionales, no es el sufragio efectivo, no es abrir más escuelas, no es igualar y repartir las riquezas nacionales; es algo más grande y más sagrado; es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la desaparición de los poderosos, para establecer el equilibrio de la conciencia nacional.”

La mirada de Carranza es abarcadora y profunda. Ciertamente se detiene en problemas como la falta de agua en las ciudades y las carencias educativas; anuncia la transformación del sistema bancario, la creación del Banco Central –Banco de Estado, lo llama— y la desaparición de los monopolios. Pero sobre todo va al fondo: “El pueblo ha vivido ficticiamente, famélico y desgraciado, con un puñado de leyes que en nada lo han

favorecido. Tendremos que removerlo todo. Crear una nueva Constitución cuya acción benéfica sobre las masas nada, ni nadie, pueda evitar.”

Carranza presiente una dinámica social distinta, democrática en el mejor y más profundo sentido de la palabra: “Nos faltan leyes que favorezcan al campesino y al obrero; pero éstas serán promulgadas por ellos mismos puesto que ellos serán los que triunfen en esta lucha reivindicadora y social.” Y con un gran sentido táctico, seguramente agudizado por la lucha misma, vincula el horizonte histórico de la lucha revolucionaria con sus perspectivas inmediatas: “Las reformas enunciadas y que se irán poniendo en práctica conforme la Revolución avance hacia el Sur, realizarán un cambio total de todo y abrirán una nueva época para la República.”

Finalmente plantea la proyección internacional, específicamente latinoamericana de la Revolución: “La América Latina no debe olvidar que esta lucha fraticida tiene por objeto el restablecimiento de la justicia y el derecho, a la vez que el respeto de los pueblos poderosos para los débiles; que deben acabarse los exclusivismos y privilegios de las naciones grandes respecto a las pequeñas (...) excitaremos también a los pueblos hermanos de raza, para que (...) se sacudan tanto en el interior como en el exterior, los grandes males heredados de la Colonia y los nuevos que se hayan creado con el capitalismo criollo, así como se sacudan los prejuicios internacionales y el eterno miedo al coloso del Norte. ” La igualdad jurídica de los Estados aparece aquí como base de una clara exigencia de respeto al derecho y a la soberanía. El alto sentido de la solidaridad latinoamericana de Carranza es el punto de apoyo de su definición anticolonial y antiimperialista.

La rúbrica es definitoria: “Esta es la Revolución, señores, tal cual yo la entiendo; estos lineamientos generales regirán a la humanidad más tarde como un principio de justicia.”

El discurso de Hermosillo contiene las tesis fundamentales de la Revolución que serán la base del desempeño de Carranza, la guía de la lucha armada, su programa social, su línea política y el eje del combate ideológico del constitucionalismo para sacar adelante e imponer la idea fundadora del Estado social. Después de Hermosillo se alzó la ola revolucionaria hasta barrer con el ejército federal. Cada día de lucha significaba un refrendo de los compromisos populares del constitucionalismo; pero también un desafío creciente para idear y construir las condiciones que permitieran encauzar, en la circunstancia de la guerra y más allá de ésta, la fuerza desatada del pueblo.

1914 fue un año crucial. El avance de la lucha armada y su traducción sobre el terreno en incipientes pero significativas reformas sociales a cargo de los jefes militares y gobernadores del constitucionalismo, habían alertado a las fuerzas injerencistas de Estados Unidos del Norte que empezaron a tejer una nueva intriga para intervenir militarmente en México. Aunque había sido ostensible la participación estelar del embajador Henry Lane Wilson en el golpe de Huerta contra Madero, el presidente Woodrow Wilson, recién llegado a la Casa Blanca apenas tres semanas después del cuartelazo, tomó distancia del usurpador y empezó a acariciar la idea de encontrar en éste el pretexto de una intervención. Por lo pronto emplazó más de 50 mil soldados en la frontera con México y desplazó numerosos navíos militares hacia los principales puertos mexicanos. Un incidente menor en el puerto de Tampico entre infantes de marina estadunidenses y soldados federales mexicanos en el

que supuestamente éstos humillaron a los marines y ultrajaron su bandera, fue utilizado por el presidente Wilson para solicitar al Congreso de su país la aprobación para emplear las fuerzas armadas para obtener de Huerta “el más completo reconocimiento de los derechos y la dignidad de los Estados Unidos”. Sin declaración de guerra, la armada norteamericana bombardeó el Puerto de Veracruz y la infantería de marina lo ocupó a sangre y fuego el 21 de abril. Como las tropas federales abandonaron la plaza, la defensa corrió a cargo de los cadetes de la Escuela Naval Militar y de civiles armados.

Ese mismo día el Departamento de Estado hizo llegar al Primer Jefe una nota en la que le pretendía aclarar que el conflicto era con Huerta y no con el pueblo de México y en la que además le pedía su punto de vista sobre la situación. La respuesta de Carranza, dirigida a Wilson, fue inmediata y tajante: el gobierno ilegítimo de Huerta no representa a la nación mexicana por lo que el gobierno de Estados Unidos no puede dirigirse a él para demandar reparación ni satisfacción alguna. Los actos ilegales del usurpador serán juzgados y castigados por los tribunales del gobierno constitucionalista. Esos actos nunca serán suficientes para envolver al pueblo mexicano en una guerra desastrosa con Estados Unidos porque el gobierno de Huerta es ajeno a la nación y no es órgano legítimo de la soberanía nacional. “Mas la invasión de nuestro territorio, la permanencia de vuestras fuerzas en el puerto de Veracruz o la violación de los derechos que informan nuestra existencia como Estado soberano, libre e independiente, sí nos arrastraría a una guerra desigual, pero digna, que hasta hoy queremos evitar.” Luego exigía la suspensión de los actos hostiles y la desocupación del puerto y lo invitaba a formular ante el Gobierno Constitucionalista la demanda originada en los sucesos de Tampico.

Los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile se propusieron mediar en el conflicto y sus embajadores en Washington ofrecieron sus buenos oficios a las partes. Tanto Wilson como Huerta aceptaron pero Carranza rechazó la mediación, no obstante que la postura de Wilson parecía favorecer al constitucionalismo. Pero más que una ventaja circunstancial, Carranza buscaba reafirmar la soberanía y no darle al gobierno norteamericano la excusa ni el pretexto para intervenir en los asuntos internos de nuestro país, más aún cuando a la aguda percepción del Primer Jefe no escapaban los verdaderos propósitos de la intervención: contener el ascenso de las reivindicaciones nacionales y agrarias, y legitimar la injerencia. No obstante que Huerta renunció en julio dejando sin pretexto la ocupación, Wilson ordenó la evacuación de sus tropas del puerto de Veracruz hasta noviembre, no sin antes haber intentado condicionar su salida, lo que fue rechazado enérgicamente por Carranza.

Mientras tanto, el avance militar incontenible de la Revolución le abrió paso al Primer Jefe hasta la capital. Pero el éxito no sólo despertó ambiciones personales en algunos jefes sino la diferenciación de los respectivos proyectos políticos. Las reivindicaciones agrarias que expresaban el villismo y el zapatismo no formaban, sin embargo, parte de una concepción de Estado. La propia naturaleza clasista de esos movimientos campesinos los imposibilitaba para comprender la necesidad de articular las diferentes y aún contradictorias demandas políticas y sociales de un movimiento tan vasto y heterogéneo, en un programa que atendiera ante todo la creación de instituciones que les dieran cauce y establecieran relaciones políticas entre las diferentes fuerzas y clases y contemplaran a México en la vida internacional. Más aún, los intelectuales que aconsejaban a los caudillos campesinos no alcanzaron a comprender la necesidad de que el nuevo Estado fuera resultado de la condensación de la experiencia histórica nacional recreada por todas las expresiones de la lucha revolucionaria entonces en curso.

La Convención Revolucionaria convocada por Carranza comenzó mal. A pesar de los grandes esfuerzos conciliatorios del constitucionalismo, ni los villistas –que desconociendo el Pacto de Torreón exigían la renuncia anticipada de Carranza--, ni los zapatistas --que le exigían a la Revolución se sometiera al Plan de Ayala-- acudieron a la cita en Ciudad de México donde apenas se realizaron cuatro reuniones. En la segunda de ellas Carranza jugó una carta decisiva: presentó su renuncia como jefe del Ejército y encargado del gobierno. Los convencionistas la rechazaron y dos días después decidieron trasladar la Convención a Aguascalientes por considerarla una sede neutral, lo que facilitaría la presencia de Villa Y Zapata.

Sin embargo, la Convención pronto se vio presionada por los villistas y su composición --más que los jefes asistían representantes— así como la confusión generada en torno a los alcances de su autoridad, generaron agudas tensiones con el Primer Jefe. Tuvo lugar entonces otra hábil maniobra de Carranza al proponer que tanto él como Villa y Zapata renunciaran y se formara un gobierno preconstitucional. Como no se cumplieron a cabalidad las condiciones de Carranza, éste desconoció los acuerdos de la Convención por considerar que contravenían el Plan de Guadalupe y no eran representativos de las fuerzas revolucionarias. En previsión de quedar en una posición militar desfavorable, Carranza salió de Ciudad de México rumbo a Veracruz a principios de noviembre. Todavía se hicieron algunos esfuerzos de

conciliación entre los bandos pero la contienda revolucionaria ya tenía otras coordenadas.

En efecto, una vez derrotada la usurpación, se trataba de organizar el poder para sentar las bases del nuevo Estado. Carranza tenía razón al considerar que las heterogéneas fuerzas que se habían amalgamado en la Convención carecían de mando y de programa. En consecuencia, había que fortalecer al constitucionalismo de la única manera posible: desarrollando su programa. Instalado en Veracruz a fines de noviembre, Carranza trabajó intensamente para complementar el Plan de Guadalupe en su contenido social incorporando las reivindicaciones sociales fundamentales, y en sus planteamientos políticos y militares fortaleciendo los instrumentos del poder revolucionario. El 12 de diciembre se publicó el decreto que contenía las Adiciones al Plan de Guadalupe, documento decisivo para el triunfo de la Revolución.

Después de un puntual recuento de la lucha constitucionalista y una explicación circunstanciada de las razones del rompimiento con la Convención, el decreto reafirma la autoridad de Carranza y le confiere a la Primera Jefatura de la Revolución amplias facultades para dictar leyes, disposiciones y medidas encaminadas a satisfacer las necesidades económicas sociales y políticas del país mediante reformas que garanticen la igualdad: leyes agrarias que disuelvan los latifundios, restituyan las tierras a los pueblos y favorezcan la pequeña propiedad; leyes fiscales equitativas; leyes para mejorar la condición de los peones, de los mineros, de todos los obreros y proletarios. Libertad municipal, reorganización del poder Judicial, revisión de las leyes relativas a la explotación de las minas, el petróleo, el agua, los

bosques y todos los recursos naturales. Reformas políticas para garantizar la aplicación efectiva de la Constitución y las leyes.

Luego refuerza las facultades y atribuciones militares y políticas del Primer Jefe, quien al triunfo de la Revolución convocaría a elecciones para el Congreso de la Unión. Una vez instalado éste, el Primer Jefe le dará cuenta del uso que haya hecho de sus facultades y le someterá las reformas realizadas durante la lucha para que las ratifique, enmiende o complemente y en su caso las eleve a preceptos constitucionales. El Congreso expedirá la convocatoria a la elección presidencial.

Mientras en la capital el gobierno de la Convención entra en agudas contradicciones que lo desarticulan y prácticamente lo disuelven, en Veracruz Carranza prosigue la construcción y el desarrollo del programa de la Revolución. El 6 de enero de 1915 publica el decreto de la Ley Agraria que define con nitidez el carácter agrarista de la Revolución y con la que da inicio el vasto y profundo proceso reformador que transformará el campo mexicano a partir de la liquidación del latifundio, la liberación de los peones y el desarrollo de formas democráticas de propiedad y tenencia de la tierra. En lo inmediato la Ley del 6 de Enero dotó al constitucionalismo de un formidable instrumento político que le permitió atraer a grandes masas campesinas, reconstruir su capacidad militar y darle en poco tiempo un vuelco a la correlación de fuerzas. Y dejó trazada la vía de la Reforma Agraria que refrendaría el Constituyente de Querétaro en el Artículo 27 de la Carta Magna y daría aliento a la lucha social de los campesinos y a la acción revolucionaria de los gobiernos durante buena parte del siglo.

Al día siguiente, el 7 de enero, publicó un decreto de Ley que buscaba preservar la riqueza petrolera del país acotando drásticamente la explotación incontrolada que realizaban las compañías extranjeras aprovechándose de las circunstancias. Carranza abordaba así esta cuestión capital para la soberanía y el progreso del país e inauguraba el camino que 23 años más tarde culminaría el general Lázaro Cárdenas al recuperar el petróleo para la Patria.

Otro momento decisivo del curso de la Revolución fue la alianza entre el Primer Jefe y la Casa del Obrero Mundial. El Pacto firmado en Veracruz el 17 de febrero de 1915 entre los representantes de ambos dio lugar a la formación de los Batallones Rojos y a que el constitucionalismo refrendara los compromisos sociales en materia laboral contenidos en las adiciones al Plan de Guadalupe y que resumían las medidas que en esa materia habían comenzado a aplicar algunos jefes militares y gobernadores constitucionalistas como el salario mínimo, la jornada máxima, el descanso semanal, la liquidación de las tierras de raya, la abolición de las deudas de obreros y campesinos, etc. El Pacto fue una iniciativa de largo aliento que se tradujo en el Artículo 123 de la Constitución y dio lugar a la alianza histórica entre el movimiento obrero y el Estado de origen revolucionario que ha sustentado las instituciones y las políticas sociales que han dado estabilidad y progreso a México.

Las victorias militares y políticas del constitucionalismo le abrieron paso al acto estelar de la Revolución, el Congreso Constituyente convocado por el Primer Jefe en septiembre de 1916 y que se reunió en Querétaro durante el último mes de aquel año y el primero del siguiente. Pero algo más que un contratiempo fue la llamada “expedición punitiva”. El clima intervencionista

en los círculos políticos de Washington se había recrudecido a partir del rechazo de la “Nota Panamericana”, como se llamó la maniobra con la que el gobierno estadunidense intentó involucrar a los seis países latinoamericanos acreditados en Washington (Brasil, Argentina Chile, Bolivia, Uruguay y Guatemala) como mediadores para constituir un gobierno provisional que restableciera el orden constitucional. Mientras Villa y Zapata aceptaban la propuesta, Carranza la rechazó de tajo considerándola una intromisión en los asuntos internos de México y un intento de violación a la soberanía.

El fracaso del intervencionismo diplomático dio lugar, entonces, a que se alzaran algunas voces en la cúpula del poder norteamericano demandando la intervención militar en México. En esas condiciones, una columna del ejército de Estados Unidos integrada por 10 mil soldados, armamento pesado y aviación, invadió territorio nacional con el pretexto de perseguir a Villa, quien cayendo en una absurda provocación, había atacado Columbus, una población fronteriza de Nuevo México, la madrugada del 9 de marzo. El gobierno de Carranza, a través de Cándido Aguilar reclamó enérgicamente la acción intervencionista rechazando las argucias que intentaban justificarla en un antiguo convenio existente entre los dos países para perseguir forajidos. El sólido nacionalismo de Carranza puso coto a las verdaderas intenciones norteamericanas que no eran otras que presionar otra vez al constitucionalismo para obligarlo a deponer sus reivindicaciones nacionales y agrarias. El caso fue que la intervención se extendió durante casi un año durante el cual las tropas invasoras no sólo fracasaron en sus aparentes propósitos de castigar a Villa sino que tuvieron serios enfrentamientos con la población como en Parral, y aún combates como el de El Carrizal donde fueron derrotadas. Durante el tiempo en que el Congreso Constituyente

permaneció reunido en Querétaro, la intervención representó una amenaza la que por fortuna no rindió frutos. Las tropas invasoras abandonaron el país pocas horas antes de la proclamación de la Carta Magna.

Carranza presentó al Congreso Constituyente un proyecto de reformas a la Constitución de 1857, propuesta que fue considerada insuficiente por el ala izquierda mayoritaria en el Congreso, lo que dio lugar a la discusión y elaboración de una nueva Constitución sobre la base, precisamente, de las grandes ideas expuestas por el Primer Jefe en el discurso de Hermosillo y en las adiciones al Plan de Guadalupe, y cultivadas por él mismo en otros célebres discursos (Matamoros, el 29 de noviembre, y San Luis Potosí, el 26 de diciembre de 1915). La moderación –por así decirlo— de Carranza era, a mi juicio, aparente. Su planteamiento buscaba que fueran los diputados quienes asumieran e impulsaran las nuevas ideas y el constitucionalismo social no apareciera como una imposición de la jefatura militar revolucionaria. Lo cierto es que Carranza fue absolutamente respetuoso de las deliberaciones y decisiones del Congreso y el 5 de febrero de 1917 proclamó la Constitución, acta fundadora del Estado social mexicano y signo mayor de nuestro voluntarismo histórico.