Por Raúl Moreno Wonchee
La eliminación del subsidio a la gasolina es una buena noticia. Ya lo dijo el Presidente y tuvo razón en ello: cuando en los últimos meses han ido a la alza los precios internacionales de los petrolíferos, mantener este año los precios de diciembre nos hubiera costado 200 mil millones de pesos. No sólo se dejarían de hacer cosas importantes, sobrevendría una catástrofe social y un colapso financiero cuyas graves consecuencias sobre la economía y la política quebrantarían la convivencia y el progreso. Porque a la magnitud del subsidio (en el sexenio pasado superó el billón de pesos), se suma su inequidad: 60 millones de mexicanos consumen el 15 por ciento de la gasolina, mientras el 60 por ciento es consumido por los 12 millones de mayores ingresos, el 10 por ciento de la población. Ha sido, entonces, una decisión justa, oportuna y valerosa del presidente Peña Nieto que merece la consideración de los partidos políticos y el apoyo de los sectores sociales, desde luego para fortalecer las instituciones y hacer posible que el diseño de la cancha y de las reglas del nuevo juego que se antoja inminente, propicie el diálogo social que nos lleve a un gran acuerdo que reafirme la soberanía y conjugue las exigencias del desarrollo nacional con las necesidades sociales y las aspiraciones y demandas populares. El proteccionismo que se anuncia en Estados Unidos nos obliga ya a redimensionar nuestras relaciones internacionales y a redireccionar la economía. La defensa del salario y la expansión del mercado interno favorecerían la prosperidad de las empresas y el crecimiento. Se trata, sin duda, de un reto democrático, porque si la democracia nos divide en las elecciones, nos debe unir en el esfuerzo por el mejoramiento social.
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